Nueva victoria en proceso de responsabilidad fiscal: CDS logra archivar proceso en la Contraloría

El abogado César Augusto Vargas, presidente de la firma CDS Estrategia Legal, demostró inclusive que los kits de alimentación en Cúcuta “se cancelaron a un valor por debajo a los del mercado”. Esta es la historia.

La firma CDS Estrategia Legal, en cabeza de su presidente, el abogado César Augusto Vargas –quien es especialista en Derecho Penal y magíster en Criminología y Ejecución Penal–, logró el archivo de un proceso que cursaba en la Contraloría General de la República por presunta responsabilidad fiscal.

El caso se remonta a 2020, en plena emergencia sanitaria por cuenta de la propagación del Covid-19, cuando la Alcaldía de Cúcuta, en Norte de Santander, suscribió un contrato para el suministro de insumos para la atención de la calamidad pública desatada por el coronavirus por valor de $270 millones. Allí se incluía un kit de alimentación escolar.

Sin embargo, aun cuando el ente territorial actuó bajo los principios de celeridad, transparencia y eficacia –como quedó demostrado durante la investigación– una denuncia anónima señaló, sin más, que durante el proceso se habrían presentado supuestos sobrecostos.

En la denuncia se aseguraba que cada kit de alimentación costó $117.000, mientras que en otro proceso similar suscrito tiempo atrás el valor del kit se tasó en $112.500. Según lo anterior, haciendo el cálculo total se habría presentado un sobrecosto de alrededor de $25 millones.

No obstante, como pudo demostrar con suficiencia el abogador César Vargas, no solo no hubo sobrecosto alguno, sino que “las pruebas demuestran que todos los mercados fueron entregados, pero que una cosa son los precios del los mercados al día de hoy y otros eran los precios de los alimentos durante la pandemia”.

En efecto, en su análisis, la propia Contraloría determinó que, tras analizar la documentación, hay “certeza de que no existe un mayor valor pagado en la ejecución”, pues al analizar las cotizaciones realizadas por otros almacenes incluso se evidencia que el valor de los kits que pagó la Alcaldía son “inferiores a los del mercado, desvirtuándose la existencia de detrimento patrimonial que dio lugar a abrir el presente proceso de responsabilidad fiscal”.

Para el ente de control, con base en la defensa jurídica planteada por la firma CDS Estrategia Legal, salta a la vista que los kits de alimentación “se cancelaron a un valor por debajo a los del mercado para la época”. Incluso, la Contraloría mencionó que “no se puede desconocer que la celebración del contrato se presentó en tiempos de pandemia COVID 19, los cuales aumentaron el valor de cada kit, por conceptos de mano de obra y costos indirectos”.

Entre otras, se tuvo en cuenta la organización y desinfección de los productos que componen el kit alimentario, el empaque y etiquetado de los kits, la limpieza y desinfección de los vehículos en los que se realizarían las entregas, entre otras.

En ese sentido, el Dr. Vargas fue enfático: “No es lo mismo hacer un análisis desde un escritorio en Bogotá que hacer un análisis en el momento de la pandemia, cuando había problemas de medicamentos, escasez de alimentos y cuando las personas que alistaban esos mercados arriesgaban sus vidas para prestar un servicio humanitario. El ente de control fiscal olvidó esas situaciones, razón por la cual el mismo ente de controla archivó el proceso con los argumentos que esta defensa planteó”, concluyó.