“En La Guajira no hay garantías”: César Vargas denuncia dilaciones en caso de médico asesinado [Radio Guatapurí]

El abogado César Augusto Vargas denunció dilaciones injustificadas y falta de garantías en La Guajira en el proceso por el homicidio del médico Ricardo Rodríguez Brochero, pese a la existencia de un video clave.

A más de un año del homicidio del médico Ricardo Rafael Rodríguez Brochero, ocurrido en octubre de 2024 en Barrancas, La Guajira, el proceso penal sigue envuelto en demoras, cuestionamientos y denuncias por falta de garantías.

Así lo denunció el abogado César Augusto Vargas –presidente de la firma CDS Estrategia Legal–, quien asumió la defensa de la familia de la víctima en diálogo con la emisora Radio Guatapurí. (Escuche el audio de la entrevista al final del artículo)

El caso, que quedó registrado en un video considerado prueba clave por la Fiscalía, muestra el momento en que Nilson Solano Brochero, primo de la víctima, le dispara en el pecho en medio de una discusión. Pese a la contundencia del material probatorio, la investigación no avanza con la celeridad que reclaman los familiares del médico asesinado.

Recientemente, el Tribunal Civil Sala de Familia de Riohacha negó una solicitud de nulidad presentada por la defensa del acusado y confirmó todo lo actuado hasta ahora. La defensa alegaba supuestas irregularidades en el debido proceso y cuestionaba la competencia del fiscal delegado, por ser de Cali. Sin embargo, para el abogado César Vargas, este recurso no fue más que una estrategia dilatoria que terminó retrasando el proceso durante ocho meses, desde marzo de 2025 hasta enero de 2026.

Así lo expresó en entrevista con Radio Guatapurí el abogado de la familia de la víctima, César Augusto Vargas Gómez, quien denunció una profunda falta de garantías en La Guajira. Según explicó, incluso fue necesario interponer acciones de tutela para obtener respuestas judiciales básicas. Vargas sostuvo que el acusado, con conocimientos jurídicos y vínculos previos con entidades como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, ha litigado en los mismos juzgados que hoy conocen de su caso, lo que —a su juicio— compromete la imparcialidad del proceso y justifica la solicitud de cambio de radicación.

Uno de los puntos más sensibles es la situación de la medida de aseguramiento. Aunque Nilson Solano Brochero goza del beneficio de detención domiciliaria, el abogado de la familia aseguró tener pruebas de que el acusado circula libremente por vías públicas sin mayor control. Esta situación, afirmó, no solo vulnera las decisiones judiciales, sino que profundiza el dolor de una familia que, año y medio después de los hechos, sigue esperando justicia por la muerte de un esposo y padre.

En el fondo del debate jurídico está la calificación del delito. Mientras la defensa busca que el hecho sea tratado como homicidio culposo, con una pena menor, la Fiscalía mantiene la imputación por homicidio a título de dolo eventual. Esta figura implica que el acusado previó el resultado letal y, aun así, actuó sin importarle el desenlace.

De mantenerse esta calificación, Solano Brochero podría enfrentar una condena de entre 12 y 24 años de prisión. Para la familia de la víctima, resulta inaceptable que, con un video claro de los hechos y testigos presenciales, el proceso siga empantanado mientras el presunto responsable permanece en libertad.