La Procuraduría señaló que el entonces interventor de la eps no cumplir, presuntamente, las instrucciones y directrices expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en su tarea de procurar que la entidad prestara un adecuado servicio a sus usuarios.
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La Procuraduría General llamó a juicio disciplinario al exagente interventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Enrique Grosso, por presunta desatención de instrucciones y directrices expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Una procuraduría distrital le reprochó al antiguo agente especial que, al parecer, no diera cumplimiento a lo establecido en una resolución de mayo de 2013, acción con la que probablemente habría afectado la prestación de servicios de salud a los usuarios de la EPS.
Grosso Sandoval, particular en ejercicio de funciones públicas transitorias entre el 27 de mayo 2013 y el 24 de noviembre del 2015 como interventor de la entidad, “debía realizar el seguimiento a los indicadores de calidad y alerta temprana con el fin de garantizar una oportuna prestación del servicio de salud; revisar la cobertura y acceso a la red contratada y diseñar un plan de trabajo con la participación de los usuarios, prestadores, empleados y representantes del sector cooperativo, con el fin de evaluar las alternativas para la adecuada operación de la entidad a largo plazo”.
Para el ente de control, el investigado pudo vulnerar los principios de responsabilidad, eficacia, eficiencia y celeridad que deben caracterizar el actuar oficial de quienes ejercen funciones públicas. La falta fue calificada provisionalmente como falta gravísima por parte del ente encabezado por Fernando Carrillo. A su vez, en julio de 2019, la Fiscalía lo llamo a juicio a raíz de un informe de la Contraloría.
Un año antes, el ente de control dije que Grosso, mientras estuvo a cargo de la intervención de Saludcoop, hubo un detrimento patrimonial de más de $80.000 millones, por haber supuestamente sobrepasado el presupuesto de gastos de administración. Ese hallazgo se remitió tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría. Unos días después de ese anuncio, la Contraloría de nuevo se refirió a Grosso, indicando que en Cafesalud se gastó más de $2.000 millones en escritorios, televisores, neveras, entre otros, a pesar de que ese dinero solo podía invertirse en garantizar la prestación de servicios de salud para los afiliados.
Cuando el ente investigador llamó a juicio a Grosso, su abogado, César Vargas, le dijo a este diario que los hechos descritos por la Fiscalía en su escrito de acusación “son inexplicables en la medida que son profundamente incongruentes, y esta fue la razón por la cual el juez 25 penal del Circuito de Bogotá llamó enfáticamente la atención a la fiscal 34 delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La incongruencia no permite a esta defensa tener claro los hechos por los cuales se le acusa al doctor Grosso”.
El llamado a juicio por parte de la Fiscalía se logró en un tercer intento en julio pasado. En dos audiencias anteriores, el juez devolvió el escrito de acusación porque el documento no cumplía con los requisitos legales. En esa oportunidad, el ente investigador logró consignar todas las pruebas de la supuesta red de corrupción que habría protagonizado Grosso y Eva Carrascal, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la SuperSalud.
La Fiscalía asegura que tiene todos los soportes necesarios para demostrar que Carrascal puso su cargo en la Superintendencia de Salud al servicio de terceros, “a fin de incrementar su patrimonio y a costa de los recursos destinados a los servicios de salud” y Grosso era, dentro de esta red criminal “su persona más cercana”. Ambos se declararon inocentes desde el inicio y se encuentran privados de la libertad.