En un fallo de segunda instancia, un juez de Bogotá absolvió a dos funcionarios acusados de peculado y falsedad en un contrato de lockers para Bomberos.
Bajo la asesoría y liderazgo de la firma CDS Estrategia Legal, en cabeza del abogado César Augusto Vargas, un juez penal de Bogotá absolvió a dos funcionarios investigados por presunto peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público en un contrato de suministro para el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.
La decisión a favor de nuestros defendidos pone fin a un proceso que se extendió por varios años y que giró en torno a un contrato suscrito para la compra de 512 lockers por un valor cercano a los $185 millones.
Si bien la Fiscalía aseguró que durante la ejecución del contrato se habrían presentado irregularidades, durante el juicio el Dr. Vargas –quien es especialista en Derecho Penal y magíster en Criminología y Ejecución Penal–, presentó documentos, testimonios y registros contractuales relacionados con la compra y entrega de los lockers.
Entre ellos, comprobantes de ingreso, actas, memorandos y comunicaciones internas que buscaban establecer si los bienes fueron efectivamente suministrados.
También declararon funcionarios de la época, quienes expusieron detalles sobre la ejecución del contrato, los retrasos del proveedor y las gestiones adelantadas por la entidad ante posibles incumplimientos.
La defensa liderada por el presidente de CDS sostuvo que la Fiscalía no logró desvirtuar la presunción de inocencia ni probar la existencia de dolo o falsedad documental. Además, argumentó que no existían pruebas técnicas que acreditaran irregularidades en los documentos ni participación directa de los acusados en los hechos investigados.
Tras valorar el material probatorio, el juzgado concluyó que no se alcanzó el estándar de certeza requerido para una condena, es decir, demostrar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.
Un proceso sin condena
Con base en estas consideraciones, el despacho decidió absolver a los procesados y cerrar el caso sin sanciones penales. La decisión, según destacó el Dr. Vargas, “reafirma el principio de presunción de inocencia y evidencia las dificultades para acreditar responsabilidades en procesos complejos relacionados con contratación pública”.
El fallo pone fin a uno de los procesos judiciales derivados de la contratación en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, sin que se establecieran responsabilidades penales contra los funcionarios investigados.
