La Procuraduría archivó la investigación por un proyecto de vivienda tras acoger los argumentos del abogado César Augusto Vargas sobre prescripción y ausencia de responsabilidad.
Ratificando su experticia y dominio en materia de derecho disciplinario, la firma CDS Estrategia Legal –liderada por su presidente, el abogado César Augusto Vargas–, logró otro fallo a favor ante la Procuraduría General de la Nación.
El organismo decidió archivar de manera definitiva la investigación disciplinaria que se seguía contra dos exgobernadores de Risaralda, así como contra un exalcalde, por presuntas irregularidades en un millonario proyecto de vivienda financiado con recursos del Sistema General de Regalías.
La decisión, adoptada el pasado 8 de abril de 2026, pone fin al proceso relacionado con el proyecto “Construcción de vivienda hogares para todos” en cinco municipios del departamento, cuyo valor superó los $32.753 millones y contemplaba la edificación de 509 soluciones habitacionales.
Prescripción y falta de responsabilidad
Acogiendo lo expuesto por el Dr. Vargas, el Ministerio Público concluyó que buena parte de los hechos investigados —especialmente los relacionados con la planeación del proyecto— no podían ser analizados de fondo debido a la prescripción de la acción disciplinaria, al haber transcurrido más de cinco años desde su ocurrencia.
Esta situación benefició a dos de los implicados, quienes estaban vinculados a decisiones adoptadas entre 2019 y etapas previas del proyecto.
Además, la Procuraduría determinó que uno de los investigados no incurrió en falta disciplinaria al aprobar en 2022 un ajuste presupuestal por más de $3.656 millones, pese a que este implicó modificaciones técnicas relevantes.
Ajustes avalados por razones técnicas
Pese a los hallazgos iniciales, la Procuraduría concluyó que los ajustes fueron tramitados conforme a las normas vigentes y respondieron a razones técnicas de fuerza mayor, relacionadas con la seguridad del terreno y la viabilidad de las obras.
El Dr. Vargas logró demostrar que el objetivo del proyecto —entregar viviendas a las familias beneficiarias— se mantuvo intacto, lo que fue determinante para descartar responsabilidad disciplinaria.
Con el archivo definitivo, la decisión queda en firme y hace tránsito a cosa juzgada, cerrando uno de los procesos disciplinarios más relevantes en torno a inversión en vivienda en Risaralda durante los últimos años.
